Veintiún miembros del Ejército colombiano y un civil admitieron su responsabilidad en el asesinato extrajudicial de al menos 247 personas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, confirmó este viernes un comunicado de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Estas ejecuciones sumarias perpetradas por el Ejército, también llamadas "falsos positivos", habrÃan ocurrido en las zonas de El Catatumbo, donde fueron asesinadas 120 personas, y en la Costa Caribe, lugar en el que se contabilizan al menos 127 vÃctimas mortales.
Según la JEP, este año han sido imputados 25 miembros del Ejército y un civil por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen delitos de lesa humanidad. De acuerdo a esa jurisdicción, que fue establecida tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, esos crÃmenes "no hubieran ocurrido sin la polÃtica institucional del Ejército de conteo de cuerpos".
Esa polÃtica de Estado también incluyó incentivos y presiones de los comandantes sobre sus subordinados para obtener "muertos en combate". De acuerdo a la justicia tradicional, tras la imputación, "22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crÃmenes".
El comunicado oficial de la JEP destaca que el oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien comandaba la Brigada 30. De acuerdo a su testimonio, mostró su "absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad".
Además de admitir los crÃmenes, los involucrados ampliaron sus versiones de los hechos, expresaron su "compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer la verdad", detalló la jurisdicción de paz. Uno de los puntos clave es que algunos militares aportaron nuevas pruebas que serán usadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para las investigaciones correspondientes.
Para la magistratura, el reconocimiento de estos crÃmenes por parte de sus autores "es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa 'el sistema de incentivos condicionados' en el que se funda este sistema de justicia transicional".
A principios de este año, la JEP determinó que, de acuerdo con una exhaustiva investigación, entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como "bajas en combate", una cifra que supera ampliamente la presentada en un informe de la FiscalÃa General de la Nación en julio de 2018, en la que contabilizaba 2.248 vÃctimas de "falsos positivos" en Colombia y en un perÃodo más largo, entre 1988 y 2014
No hay comentarios.:
Publicar un comentario